Sánchez anuncia que prepara una Ley de Vivienda que impida la venta de vivienda protegida a fondos y que el Estado se va a personar contra Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta a fondos buitre de 5.000 viviendas de alquiler social hecha por gobiernos del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
«No nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso, que ha afectado a tantas personas humildes, sin recursos, asuman sus responsabilidades políticas y económicas», aseguró Sánchez en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.
El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), del Gobierno regional madrileño, vendió 2.935 viviendas sociales en alquiler en 2013, mientras el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), vendió 1.860 viviendas del mismo tipo en 2012.
Sánchez avanzó que prepara una ley de vivienda que «va a responder a la función social de la vivienda, configurando la vivienda social como un servicio público», y pondrá fin a «la venta de la vivienda pública a los fondos buitre».
El presidente del Gobierno hizo el anuncio durante una respuesta parlamentaria al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien subrayó que hay «datos alarmantes» en los precios del alquiler. Según Iglesias, en el último lustro, el precio medio del alquiler en España ha aumentado el 19%, especialmente por los incrementos «preocupantes» en las grandes ciudades, como el 38% en Madrid y el 48% en Barcelona.
En el primer semestre, el precio medio del alquiler en España ha subido 300 euros y los desahucios por impago del alquiler representan ya seis de cada diez, señaló el líder de Podemos, que le instó a «intervenir».
«Nosotros votamos a favor de su candidatura para ser presidente del Gobierno para poder intervenir sobre estas cosas», dijo Iglesias, quien enumeró algunas «propuestas» para que los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos puedan llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
En primer lugar, «acabar con los privilegios de las Socimis, sociedades mercantiles que operan en el mercado inmobiliario y que tributan al 0%». Este asunto se está negociando con Hacienda. La segunda medida expresada por Iglesias es «que hay que obligar a los grandes tenedores y a los fondos buitre, los que tengan más de diez viviendas, a que las pongan en el mercado». «En tercer lugar, y más importante, es fundamental dar competencias a los ayuntamientos para que puedan declarar determinadas áreas urbanas como de mercado tensionado y se pueda regular el precio del alquiler», concluyó Iglesias.
Desde Podemos trasladan que esperan llegar a acuerdos en la Mesa de Vivienda contemplada en las negociaciones con el Gobierno, pendiente de constituir, y que allí empiece a germinar este proyecto de ley.
Fuente : Diario Expansión.
