Carmen Lamela titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición del expresidente del F.C. Barcelona Alexandre Rosell de desbloqueo parcial de sus cuentas bancarias y bienes por valor de casi 25 millones de euros. Lamela considera que el valor de los bienes embargados y saldos bloqueados, es una cifra muy inferior a los 58 millones que debería garantizar en el caso de ser condenado por delito de blanqueo de capitales
El pasado 23 de mayo la jueza acordó bloquear los bienes y los saldos de todas las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad u otros activos financieros de los que fuera titular Alexandre Rosell que permanece en prisión provisional acusado de liderar una «organización criminal transnacional» que se apropió de 14,97 millones de euros que debía haber recibido la Confederación de Fútbol Brasileño como parte de 24 partidos de su selección.
La jueza Lamela rechaza todas las peticiones del ex presidente del Barcelona pues el Código Penal ( art 575.1 LEC) determina que la multa será del triple de lo blanqueado, es decir 44.919.984 millones, a los que se sumaría un 30 % que la ley permite determinar de forma provisional para el pago de costas e intereses. De modo que señala que los 24,7 millones de euros bloqueados a Rosell es una cantidad «muy inferior» a la suma que habría que garantizar: 58.395.979 euros.
Tampoco acepta Lamela que los bienes y cuentas embargadas sean los únicos con los que cuente Rosell para hacer frente a determinados gastos. La magistrada expone que el exdirigente del FC Barcelona “posee o poseía fondos en el extranjero (más de 10 millones de euros) y, más en concreto en Goldman Sachs en Reino Unido y en Generali Pan Europe en Irlanda”, así como inversiones en Luxemburgo“.
En definitiva, si el señor Rosell tiene capacidad para realizar inversiones en el extranjero, “no puede aceptarse que los bienes embargados o retenidos sean los únicos con los que contaba el investigado para atender a los pagos respecto de los cuales solicita el desbloqueo parcial de sus cuentas”.
De aceptar su petición, argumenta Lamela “supondría de hecho permitir que tales fondos-cuya procedencia se sospecha delictiva- se utilicen en beneficio de la situación patrimonial del imputado, que vería cómo con cargo a bienes decomisables se libera de deudas y se atienden gastos particulares”.
