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La Consejera de Hacienda de Extremadura que obtuvo la deducción por guardería para sus hijos

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de las madres trabajadoras, como Elena Manzano, a deducirse hasta 1.000 euros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los gastos en guarderías no autorizadas como centros educativos.

Las madres trabajadoras que inscriben a sus hijos en una guardería pueden ahora beneficiarse de la deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), independientemente de si la guardería cuenta o no con autorización como centro educativo. Esta novedad se establece en una sentencia emitida por el Tribunal Supremo, la cual corrige la posición de Hacienda y amplía la deducción por maternidad de hasta 1.000 euros a más madres trabajadoras, sin importar el tipo de centro al que lleven a sus hijos.

Elena Manzano, actual consejera de Hacienda del Partido Popular en el nuevo Gobierno de Extremadura, inició este proceso en 2018 para conseguir el reconocimiento de su derecho a deducirse el costo de la guardería de sus hijos, quienes actualmente tienen ocho y seis años. Sus hijos asistieron a una guardería privada en Cáceres que tenía una licencia municipal pero no la autorización como centro educativo, requisito necesario hasta ahora para aplicar la deducción. Manzano, en ese momento, ocupaba un puesto como profesora de Derecho Financiero y Tributario en la universidad. Ella afirma que siempre tuvo confianza en la posibilidad de ganar este caso.

La sentencia del Tribunal Supremo se enfoca en la autorización como centro educativo de las guarderías, otorgada por la Administración educativa competente, la cual muchas guarderías privadas de 0 a 3 años no poseen, ya que no ofrecen actividades educativas, sino que se dedican principalmente a cuidar a los niños. El tribunal sostiene que, debido a la falta de esta autorización, las guarderías no pueden proporcionar la información fiscal necesaria. Por lo tanto, esta sentencia permite aplicar la deducción por maternidad sin importar si el centro tiene o no la acreditación, equiparando la función de custodia con la educativa en términos de deducción del IRPF.

En el caso de Elena Manzano, la cantidad que recibirá como reembolso superará los 3.000 euros, ya que tiene derecho a solicitarla tanto por su hijo mayor, que en ese momento tenía dos años, como por su hija menor. Ella se muestra feliz porque considera que esta sentencia hace justicia y facilita la conciliación laboral para las madres.

Hasta ahora, existen dos tipos de deducciones por maternidad, según lo establecido en el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La primera permite deducir 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años para gastos relacionados con los hijos, y la segunda otorga una deducción adicional de 1.000 euros para gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Esta última categoría incluye conceptos como la preinscripción, matrícula, asistencia en horarios regulares o ampliados, y la alimentación.

La sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta para que todas las madres en una situación similar a la de Manzano, es decir, que llevaban a sus hijos a guarderías con licencia municipal pero sin autorización como centros de educación infantil, puedan revisar sus declaraciones de años anteriores y aplicar la deducción a partir de este año. La consejera de Hacienda extremeña ha estado colaborando con otras madres en su misma situación a lo largo de todo el proceso, incluso creando una asociación gratuita para las afectadas.

Este caso de Manzano se produce paralelamente a otro caso similar en Cantabria, donde ambas madres llevaron sus reclamaciones a diferentes organismos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria respaldó sus reclamaciones, mientras que el de Extremadura no lo hizo. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias también se posicionó a favor de estas madres, lo que llevó al Tribunal Supremo a aceptar el recurso de casación de la consejera de Hacienda y establecer una jurisprudencia uniforme en todo el país.

Obtener una plaza en una escuela de educación infantil pública es un desafío para muchos padres, ya que las plazas suelen ser limitadas. En Madrid, por ejemplo, más de 10.000 niños no pudieron conseguir plaza en el último curso. Esto obliga a las familias a buscar alternativas privadas, como las guarderías con licencia municipal que no tenían derecho a deducción hasta ahora.

Si bien la decisión del Tribunal Supremo beneficia a las madres trabajadoras, desde una perspectiva educativa, plantea preguntas, según Isabel Galvín, secretaria general de Comisiones Obreras de enseñanza en Madrid. Esto se debe a que al permitir la deducción sin considerar el tipo de centro al que asisten los niños, se iguala el valor de la custodia con el de la educación, lo que podría disminuir la inversión en educación en cada comunidad.

Elena Manzano está satisfecha después de este largo proceso y considera que se ha logrado justicia tributaria y una mejora en la conciliación laboral para las madres. Como profesora de Derecho, valora positivamente el enfoque en la conciliación, y como madre, está muy contenta de poder elegir el centro al que llevar a sus hijos.

 

 

 
 

 

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