En 2012 el Banco Popular, con el objetivo de cubrir las necesidades de fondos que detectaron las pruebas a la banca dirigidas por la consultora Oliver Wyman, realizó una ampliación de capital de 3000 millones de euros. Las pruebas, que detectaron activos tóxicos, exigieron al banco preparse para un posible escenario adverso.
Tras ese escenario, se planteó uno nuevo más tranquilo para los inversores.
Posteriormente, un año antes de la compra del Popular por parte del Santander se realizó otra ampliación de capital ofreciendo a los accionistas una imagen de estabilidad, salud económica y un futuro reparto de dividendos.
Unos dividendos que nunca llegaron y unos beneficios que se convirtieron en pérdidas: el Banco Popular presentó unas cuentas falseadas y ocultó información de su último ejercicio.
Posteriormente el Banco Central Europeo comunicó la inviabilidad, la JUR acuerda su resolución y el Banco de Santander compra el 100% del capital.
De la noche a la mañana los cerca de 305.000 accionistas del Banco Popular habían perdido la totalidad de su inversión.
¿Quén puede reclamar?
Todas las personas que hayan invertido en acciones antes y después de la ampliación pueden reclamar utilizando como principal argumento la falsedad y la ocultación de información, unos adtos que en caso de haber sido publicados correctamente hubieran incidido en la decisión de compra de los clientes.
